NOTA DE PRENSA: CONVENIO COLECTIVO HOSTELERIA VALLADOLID
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid se ve obligada, una vez mas, a desmentir, la noticia publicada por varios medios de comunicación, y en la que se nos hace responsable de la suspensión del juicio cuya celebración estaba prevista para hoy 21 de noviembre a las 13:30h. Es por ello, por lo que queremos dejar claro los siguientes puntos:
La información aparecida en los medios de comunicación la consideramos dañina en contra de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, considerando que se enmarcan dentro de la línea seguida por los sindicatos (C.C.O.O. y UGT) y la Asociación de Hoteles, que durante mas de un año están orquestando una campaña de desinformación con noticias falsas, incompletas y manipuladas intencionadamente.
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, con fecha 18 de octubre de 2019, aportó en el Juzgado de lo Social Nº 1 de Valladolid la documentación requerida por este órgano judicial, cumpliendo el mandato del mismo y sin que hasta la fecha se nos haya notificado ninguna diligencia mas al respecto.
La suspensión del juicio se debe única y exclusivamente a la solicitud cursada por la Asociación de Hoteles en base a la petición de una documentación, que la Asociación de Hoteles en su momento hizo a la Seguridad Social el 3 de septiembre de 2019, y que a fecha de 20 de noviembre todavía no había sido recibida. Teniendo que desmentir esta argumentación ya que tenemos constancia que fue remitida por la S.S. al Juzgado de lo Social Nº1 el 5 de noviembre del año en curso
Recordemos que la OTT de Valladolid, con fecha 1 de julio de 2019, presento ante el Juzgado de lo Social demanda solicitando la nulidad del convenio colectivo firmado por la Asociacion de Hoteles y las Centrales Sindicales de C.C.O.O. y UGT.
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid no suscribió ese pacto, ya que entendemos que beneficia de forma escandalosa a un sector minoritario, en detrimento de la mayoría del sector hostelero.
Esta situación nos hacen sospechar, cada vez con mas fundamento, que se trata de una maniobra dilatoria con la finalidad de alargar de manera artificial la tramitación del proceso judicial abierto.
Por último queremos solicitar una llamada a la responsabilidad de los medios de comunicación, los cuales tienen la obligación moral, ética y legal de dar una información veraz, clara y completa, que debe de estar lo suficientemente contrastada, y no convertirse en simples altavoces de una de las partes del litigio.
